Virginia Pérez Alonso

Codirectora de Público.es y presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Virginia Pérez Alonso hablará del fenómeno de las noticias falsas o fake news, las campañas de desinformación, los retos que plantean las nuevas formas de consumir y producir información, así como de la necesidad de adquirir y ejercer una actitud crítica en los entornos digitales.

Virginia Pérez Alonso es periodista y codirectora de Público, el único medio generalista con dos mujeres al frente. Antes fue adjunta al director de  El Mundo y, en una etapa anterior, ocupó el cargo de vicedirectora del Grupo 20 Minutos. Experta en gestión de redacciones y en dirección estratégica de  medios digitales, ha cosechado numerosos éxitos en la planificación de  procesos informativos y en la renovación e impulso de medios de comunicación. El jurado del premio iRedes reconoció en 2012 su visión innovadora como directiva de redacciones. En  2016 se convirtió en la primera mujer de habla hispana miembro de la  junta ejecutiva del International Press Institute  (IPI) y desde 2014 preside la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información

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Plataforma en defensa de la libertad de información

Principios y valores de la PDLI

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) es una organización independiente, apartidista y plural dedicada a la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información, y a denunciar y a frenar cualquier ataque contra los mismos.

A qué nos dedicamos

Al seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos. Además, impulsamos campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información y realizamos acciones de formación.

Somos una organización de vocación digital, y la defensa de una Internet libre y abierta es una de nuestras prioridades, siguiendo la trayectoria y el compromiso de nuestros socios fundadores.

Promovemos un periodismo responsable que se guíe por principios éticos y de respeto por la verdad.

Cómo lo hacemos

  • Seguimiento y difusión de casos en redes sociales, en web y a través de medios de comunicación.
  • Análisis jurídico.
  • Acciones de incidencia política y de denuncia antes instituciones
  • Elaboración de publicaciones: anuario, manuales.
  • Seminarios y talleres de formación.
  • Organización y/o participación en congresos, jornadas, coloquios y debates.
  • Desarrollo de herramientas digitales y de visualización: mapea.cc / Timeline.
  • Campañas de sensibilización o de llamamiento público, entre otras acciones a través de ‘decálogos’ o ‘manifiestos’.

Nuestra visión: Principios y valores

  1. Nuestras actuaciones y posicionamientos se rigen por los estándares internacionales sobre libertad de expresión e información asentados en: acuerdos y tratados internacionales (la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, principalmente); recomendaciones de organismos internacionales sobre estos derechos (ONU, UNESCO, OSCE) y jurisprudencia del TEDH y de nuestro Tribunal Constitucional.
  1. El derecho a la información, veraz y de interés público, es una pieza básica del sistema democrático cuyos titulares son los ciudadanos. Cualquier iniciativa o acción contra este derecho fundamental (esté prestado mediante la intervención de medios, periodistas profesionales o cualquier otra persona) cuenta con nuestra oposición y denuncia.
  1. Por lo tanto, reconocemos el derecho de todos los ciudadanos a informar e informarse por cualquier medio o canal.
  1. Creemos en la pluralidad informativa y, como parte de ella, en la necesidad de medios públicos, -independientes, con recursos y socialmente participados-, que garanticen el acceso al derecho a la información, a la cultura y que promuevan valores universales.
  1. Defendemos un periodismo responsable. La información no es una mera materia prima para el negocio: la labor de los medios es fundamental para el desarrollo de la democracia y debe guiarse por principios éticos y de respeto por la verdad.
  1. La transparencia, el derecho de acceso a información pública y la rendición de cuentas de los poderes públicos son parte inseparable de la libertad de información y, por tanto, del ámbito de actuación de esta Plataforma.
  1. Lo mismo ocurre con la protección de las fuentes informativas, incluyendo, de forma particular, a alertadores (“whistleblowers”) y denunciantes.
  1. En el ámbito laboral, la PDLI no tiene una voz colectiva en asuntos concretos, al integrar tanto a organizaciones profesionales como a empresas informativas, por lo que corresponde a estas pronunciarse en cada caso. Sin embargo, sí defiende que, dentro de la libertad de empresa informativa, deben cumplirse unos requisitos de protección del periodista universalmente reconocidos como imprescindibles para un adecuado respeto al derecho a la información.
  1. La PDLI cree en los valores democráticos y en la no discriminación por razones de género o identidad, raza, creencia religiosa, ideología o cualquier otra. Pero, al mismo tiempo, defiende el derecho de cualquier persona a expresar ideas contrarias a estos principios y considera que nadie puede ser perseguido penalmente por esta razón. Es decir, defendemos la libertad de creación y la libre expresión de opiniones, incluso de aquellas que se consideren inaceptables para un determinado acervo de valores, creencias o principios. Esto no impide, como es lógico, que quienes no compartan esas opiniones puedan expresarlo igualmente. Los límites legales a la libertad de expresión sólo pueden basarse en la necesidad de proteger a personas, no a ideas o creencias.
  1. La tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el acceso a la justicia son, en la práctica, derechos necesarios para garantizar un adecuado disfrute de la libertad de expresión e información, por lo que la PDLI también está comprometida en su defensa.

Algunos de estos principios y valores se han desarrollado de manera específica ante asuntos que hemos entendido urgentes, o de especial gravedad como: las noticias falsas, el periodismo responsable o los medios ante el conflicto catalán.

El Plan de Alfabetización Tecnológica es un programa financiado por la Junta de Extremadura -Consejería de Educación y Empleo,
a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).
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